Camilo Varela INSTALACIONES INDUSTRIALES

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Actualidad industrial

20 - 05 - 2008

 

 

INDUSTRIA TRABAJA EN LA CREACIÓN DE UNA TARIFA SOCIAL ELÉCTRICA PARA LOS PENSIONISTAS

 

La prevista subida del precio de la luz a partir del 1 de julio, que podría alcanzar el 11,3% si el Gobierno asume la propuesta de la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha obligado al Ministerio de Industria a buscar fórmulas para que el encarecimiento de la factura eléctrica afecte lo menos posible a los consumidores con menor poder adquisitivo cuando estamos inmersos en una crisis económica.

 

Así, el titular de Industria, Miguel Sebastián, está trabajando en la creación de una tarifa social para pensionistas que estaría blindada ante las fuertes subidas del precio de la luz previstas tanto para el 1 de julio como para el próximo 1 de enero de 2009, según ha podido saber este periódico.

 

Actualmente, existe una tarifa social, la denominada 1.0, que afecta a unos 135.000 consumidores, una cantidad anecdótica frente a los 20 millones que suman todos los usuarios domésticos. Éstos están repartidos entre diversas tarifas, según la potencia contratada. En el caso de la tarifa 1.0, la potencia máxima es de 775 vatios.

 

Sin embargo, tanto Industria como la Comisión Nacional de Energía abogan por cambiar los criterios de discriminación tarifaria, ya que no siempre los consumidores con menor potencia contratada son los que tienen menor poder adquisitivo. Por ejemplo, una persona puede tener un despacho de trabajo en pleno centro de Madrid con unos jugosos ingresos y sólo necesita disponer de una potencia mínima, por lo que se está beneficiando actualmente de la tarifa social.

 

Por eso, el Departamento que dirige Miguel Sebastián se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, para determinar cuáles son los pensionistas que reciben las ayudas más bajas. Los últimos datos oficiales apuntan a que en nuestro país existen 7,6 millones de pensionistas.

 

Aunque la Seguridad Social es uno de los organismos del Estado mejor informatizados, en estos momentos no se puede confirmar que el 1 de julio entre en vigor esta tarifa social para pensionistas.

Lo que está claro es que Industria trata de agilizar al máximo los trabajos para que esa tarifa sea aprobada lo antes posible, ya que contribuiría a desactivar gran parte de las protestas que se producirán desde partidos políticos y consumidores si el Gobierno sube la luz un 11,3% en julio.

Los motivos y las razones

 

Miguel Sebastián confirmó ayer en el Senado que acababa de llegar a su despacho la propuesta de la CNE aprobada el pasado martes. Es decir, que el informe de este organismo regulador «sólo» ha tardado seis días en recorrer los cinco kilómetros que separan ambos edificios, situados en Alcalá, 47 y el paseo de la Castellana, 160.

 

El ministro reconoció que no había leído todavía la propuesta y subrayó que más importante que una cifra concreta de incremento son «los motivos y las razones».

En cualquier caso, en el Ministerio de Industria deben trabajar sin perder el tiempo si quieren cumplir los plazos legales, ya que ese Departamento tiene 15 días para redactar el borrador del decreto ley sobre las nuevas tarifas eléctricas que debe ser remitido a la CNE para que el consejo consultivo de este organismo haga otro informe para Industria. Todo ello, antes del 27 de junio, fecha en la que el Consejo de Ministros debe aprobar el mencionado decreto ley de tarifas para que entre en vigor el 1 de julio.

 

 

 

 

 

 
 

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