Camilo Varela INSTALACIONES INDUSTRIALES

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Actualidad industrial

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23 - 01 - 2008

La Consellería de Industria de la Xunta dice que el paso a la tarifa de discriminación horaria es «especialmente gravoso» en Galicia

Fernando Blanco solicitó al ministro que los costes del cambio no recaigan sobre los usuarios

La Xunta ha sido la primera comunidad autónoma en solicitar formalmente al Ministerio de Industria que no elimine la actual tarifa eléctrica nocturna, que según el Real Decreto 871/2007 desaparecerá el próximo 1 de julio para ser reemplazada por otra de horario discriminado. Esta última penaliza un 32% más el consumo en horas punta y rebaja un 8% menos el precio de las horas valle, que pasan de 8 a 14 con el nuevo modelo.

El conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, remitió una carta al ministro Joan Clos en la que muestra su «fonda preocupación» por el efecto negativo que este cambio tendrá sobre las economías domésticas de aproximadamente 160.000 hogares gallegos. Blanco recuerda que en los últimos consellos consultivos de electricidad ya expresó lo «delicado» que sería en Galicia el tránsito de la actual tarifa nocturna a la nueva de horario discriminado, debido al patrón de consumo eléctrico de los hogares de esta comunidad.

Cálculos realizados por técnicos instaladores y por la Organización de Consumidores y Usuarios desvelan que la nueva tarifa podría aumentar hasta un 49% el precio de los recibos de la luz.

Para la Consellería de Industria sería factible perpetuar la actual tarifa nocturna en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas. Para ello, habría que incluirla entre las tarifas denominadas de último recurso, con precios máximos fijados por el Estado para que puedan cobrar los comercializadores que asumen el suministro de baja tensión (domiciliario).

Otra de la quejas expresadas por la Xunta en la carta de Fernando Blanco al ministro Joan Clos hace alusión al coste de adaptación al nuevo sistema de horario discriminado. El conselleiro se muestra «especialmente crítico» con que el coste de este cambio, estimado en el entorno de los 500 euros, recaiga por completo sobre el usuario.

«Resulta necesario estudiar un reparto das cargas que incluía ás compañías distribuidoras e mesmo á propia administración estatal, a través da habilitación unha liña de axudas que minorase estos efectos económico negativos», subraya el titular gallego de Industria.

La Xunta también ha solicitado al Gobierno central una campaña de información y asesoramiento a los clientes, ya que, a su juicio, existe una asimetría entre la información que manejan los usuarios y la que tienen las compañías distribuidoras.

La del conselleiro no es la única queja gallega en el Ministerio de Industria por este asunto. La confederación vecinal ya trasladó una protesta formal y varias federaciones de asociaciones de vecinos han iniciado campañas en las principales ciudades para animar a los usuarios a trasladar sus reivindicaciones a Madrid. La asociación de consumidores de Galicia tiene un modelo de carta al que se han acogido miles de gallegos para su remisión al Gobierno central.

Fuente: La Voz de Galicia

 

 

 

 

 
 

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