Camilo Varela INSTALACIONES INDUSTRIALES

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EL DESGOBIERNO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES: ¿OTRO SECTOR SIN FUTURO?

El pasado 7 de octubre, el Senado aprobó la Ley de regulación de las Socimi con una enmienda que deroga los preceptos del reciente Real Decreto Ley 6/2009, en los que se creaba el mecanismo de registro de preasignación para las energías renovables.

Esto no dejaría de ser una anécdota más de la «exquisita y depurada» técnica legislativa de la que hace gala el poder legislativo de no ser por la enorme repercusión económica y social que tiene la modificación propuesta sobre el sector de las energías renovables.

Hay que recordar que con fecha 7 de mayo de 2009 entró en vigor el RDL 6/2009, por el que se creaba el Registro de pre-asignación. En su artículo 4.2, la inscripción dicho Registro se establecía como condición necesaria para poder beneficiarse del régimen económico especial. La introducción de este «Pre-Registro» supuso entonces un importante cambio de las reglas del juego, ya que modificaba los requisitos que de forma inmediata debían cumplir los proyectos para acceder a la tarifa del RD 661/2007. Y lo hacía sobre una legislación muy joven, tan sólo aprobada en el año 2007.

La propuesta del Senado, pendiente de aprobación definitiva por el Congreso, supone, en un periodo de tan sólo seis meses, el tercer cambio del entorno regulatorio y tarifario del marco legal aplicable a las energías renovables. De ser finalmente aprobado, se producirán cancelaciones masivas de inversiones extranjeras en España, no sólo en este sector, sino en muchos otros al dispararse el llamado «riesgo país». La inseguridad de los últimos meses convierte a España en un país poco apetecible para la inversión extranjera y nacional, asusta a las entidades financieras que mediante el crédito deben apoyar estas iniciativas y, por supuesto, impide seguir desarrollando nuestro liderazgo tecnológico que tanto ha costado ir edificando. Parece que volvemos a la vieja y absurda proclama del «¡que inventen ellos!».

Por poner cara y ojos al asunto, en un país en el que los parados se amontonan por millones, cada una de estas plantas canceladas supone la no inversión de más de 300 millones de euros, dejar en la calle a 1.000 trabajadores directos y mandar adicionalmente al paro a unos 5.000 trabajadores que de forma indirecta participan en la fase de construcción y operación de las plantas.

Tiene razón el sector al quejarse de la incertidumbre que rodea a la Administración en este campo, pues pasa de no haber aprobado un solo expediente en los últimos cinco meses –más allá de las plantas ya construidas–, a la hiperactividad de regular el sector de forma caótica en tres ocasiones.

De nada sirve ir de «verde», presumir fuera de la promoción de las renovables, cuando en casa hacemos justo lo contrario de lo que predicamos en nuestras salidas al extranjero. Hemos pasado en cinco meses de ser la cuna de las renovables a nivel internacional a una situación como la actual, en la que la inseguridad jurídica es de tal calibre que nadie se va a atrever a invertir en este sector en nuestro país.

Sirva el sector termosolar como botón de muestra: si finalmente se aprobara la enmienda en el Senado, se cancelarían en España más de 30 proyectos, es decir, dejarían de instalarse unos 1.500 Mw. Cada uno de estos proyectos suponen una inversión cercana a los 300 millones, lo cual quiere decir que en los próximos tres años, en el periodo 2009-2011, se dejarían de invertir 9.000 millones. Este es un quebranto económico de gran calado, y más aún en un país que pretende migrar hacia un modelo de crecimiento económico de menos «ladrillo» y más «tecnología». Pero si dramático es este análisis económico, no menos impactante resulta el enfoque social: 30 proyectos menos suponen aproximadamente incrementar las colas del paro en otros 150.000 trabajadores.

La falta de criterio es de tal magnitud, y los mensajes son tan erráticos, que no hay que descartar en absoluto que jurídicamente pudiéramos estar ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración en alguna de sus vertientes, máxime cuando en los últimos seis meses hemos asistido a la sucesión de tres regímenes jurídico-económicos distintos, esto es, la versión derogada del RD 661/2007, el propio RDL 6/2009 y la derogación y modificación ahora propuestas; o dicho de otro modo, este brusco cambio regulatorio puede costarle caro al Estado, y por ende, a todos los españoles.

Esperemos que la diosa razón inspire a sus señorías más de lo que lo ha hecho en el Senado, y que les ayude en el ejercicio de responsabilidad que supondrá el debate y votación de la enmienda en el Congreso de los Diputados. No hagamos del sector de las energías renovables otro sector sin futuro.

* Antonio Morales Plaza es Abogado del Estado en excedencia, doctor en Derecho y socio de Latham&Watkins.

Fuente: Expansion.com

 

 

 

 

 
 

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