Camilo Varela INSTALACIONES INDUSTRIALES

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ENERGÍA CONTRA LA CRISIS

Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro se reunieron ayer (17/09/2009) para tratar de sentar las bases de un pacto energético nacional. Según el ministro de Industria, los temas centrales de la anunciada reunión eran el "mix" energético, la liberalización del mercado, el suministro y abastecimiento, ahorro energético, la gestión de los residuos nucleares y la proyección internacional de España.

Al término de la reunión, Montoro describió el encuentro como un “primer intercambio de ideas” de cara a un futuro acuerdo. Esto podría resultar positivo para la salida de la crisis. El sector energético sigue estando tan intervenido y guiado por caprichos políticos que el margen de mejora es gigawatico.

Una mejora de nuestro sector energético no sería cualquier cosa. La importancia de un sector energético dinámico y competitivo para el crecimiento económico es difícil de exagerar por mucho que se resalte. De hecho, una energía barata y de elevada calidad es fundamental a la hora de generar empleo en las sociedades desarrolladas. Algunos observadores superficiales piensan que la energía dejará de ser tan importante en nuestro desarrollo y en la futura generación de empleo porque las industrias pesadas tienden a deslocalizarse.

Lo cierto es que se equivocan por partida doble. Primero porque en muchas ocasiones el principal motivo para que esas deslocalizaciones se produzcan es precisamente el elevado coste de factores como la energía. Por otro lado, aún si fuera cierto que las industrias pesadas se irán de los países de nuestro entorno, la economía del conocimiento precisa de enormes cantidades de energía de máxima calidad.

 

Deberían retirarse todas las excepciones al precio libre de la electricidad en España, empezando por la tarifa social

Es más, los salarios del mundo desarrollado que los sindicatos tanto dicen defender dependen de que el coste de la energía sea muy bajo gracias a un mercado energético competitivo. Para producir hay que combinar recursos económicos, y mientras más barato sean algunos de estos recursos, más posibilidades habrá de usarlos en diferentes procesos productivos ofreciendo al consumidor productos atractivos a buenos precios.

Si tenemos en cuenta que trabajo y energía se combinan en prácticamente todos los procesos productivos y que los salarios son relativamente elevados en los países más desarrollados, se entiende perfectamente por qué la clave para el mantenimiento de empleos con nuestros relativamente elevados salarios dependen de usar intensivamente factores de producción que sean baratos y se combinen con el trabajo –como sería el caso de un bajo coste energético–, de modo que el coste unitario del producto final sea competitivo.

Esa reducción del coste unitario de los bienes y servicios abrirá nuevos mercados a capas de la población que aún no son consumidores marginales. Y es esa expansión de los mercados la que permitirá crear nuevas inversiones, especialmente aquellas innovadoras que cambien de manera natural nuestro modelo productivo y, en consecuencia, generar nuevos empleos. Intentar cambiar el modelo productivo mediante subvenciones y decretos, como pretende el Gobierno con la Ley de Economía Sostenible, estaría terriblemente expuesto a la generación de burbujas que, cuando estallan, revelan una gran destrucción de capital, trabajo y salarios reales.

Sin embargo, la posibilidad de un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Popular que favorezca este proceso es más que improbable. Por un lado, Sebastián (que se ha declarado liberal incluso en relación a las áreas de su cartera ministerial) se encuentra preso de las disparatadas ideas energéticas de Zapatero, quien sigue a pies juntillas a la Fundación que preside el ex ministro de Trabajo Caldera en su propuesta de llegar a producir casi toda la electricidad de este país mediante energías –que aún están– muy verdes.

Montoro, por su parte, tampoco ha mostrado una rotunda voluntad liberalizadora (y qué decir del resto del PP). La cantinela popular hace años que consiste en exigir bajadas de precios al Gobierno. Sin embargo, los precios bajos con altos costes sólo se sostienen si encontramos a un primo que pague la diferencia.

Así es como hemos llegado a un déficit tarifario en torno a 15.000 millones de euros. Al final será el contribuyente, de una forma o de otra, más tarde o más temprano, quien pague el elevado coste de un sistema en el que no termina de regir el mercado ni la soberanía del consumidor. Lo que se abarata artificialmente por un lado, se le cobra a otra parte de la sociedad por otro.

Así no vamos a avanzar en el buen camino energético. Además, los populares aceptan la planificación energética a medio y largo plazo tras una evaluación del reparto de fuentes de energía con las que debe cubrirse la demanda en los años y décadas sucesivas, sin dejar fuera “a priori” ninguna fuente, en clara referencia a la energía nuclear.

 

Planificación


PSOE y PP parecen creer que, desde arriba, pueden planificar el “mix” energético español a un cuarto de siglo vista. Un pacto de este tipo sería un error garrafal. Lo que España necesita es un pacto gracias al cual el “mix” energético quede completamente abierto, y que ése sea el nuevo “marco desregulado estable”.

Esa puerta abierta incluye tanto a la energía atómica como a las renovables. Sin embargo, el Estado no debería dejar que ninguna fuente ni forma de producción energética entre en el mercado a través de la falsa trampilla de las subvenciones: ni la nuclear, ni la verde, ni el carbón. Sólo así podríamos empezar a hablar de una verdadera liberalización y de un sector energético dinámico que permita la transformación a un modelo económico más innovador.

Por el lado del consumo, deberían retirarse todas las excepciones al precio libre de la electricidad, empezando por la tarifa social. Y es que si lo que se quiere es ayudar a sus destinatarios sin perjudicar a la economía, sería mucho más eficiente aumentar la desgravación fiscal general a sus beneficiarios que establecer un precio máximo que, en este caso, bien podría incentivar un sobreconsumo eléctrico.

Por otro lado, el sistema debería permitir los acuerdos directos entre productores y consumidores, de modo que quienes no quieran cargar con el muerto de formas de producción más caras no tengan que hacerlo como ocurre en la actualidad. No todos los consumidores tienen las mismas exigencias. Unos necesitan garantía de suministro ante todo, otros buscan precios bajos. La única manera de satisfacer estas y otras necesidades energéticas tremendamente diversas es dar libertad de elección al consumidor; una libertad que a la postre guiará la configuración del “mix” energético español.

 

Ahorro energético

En este contexto, el ahorro energético, cuando de verdad sea económicamente factible, caerá por su propio peso. Nadie quiere tirar un recurso que puede aprovechar para producir unidades adicionales de producto sin tener que incrementar el coste.

Con respecto al tratamiento de los residuos, tanto de los nucleares como de cualquier otro subproducto de la producción energética, una de las paradojas más interesantes del mundo de la energía es que la solución a estos problemas de contaminación depende principalmente de poder dedicar grandes cantidades de energía a su eliminación o transformación.

La contradicción del Gobierno en este sentido es monumental. Al tiempo que presume de ecologista y despilfarra recursos en la promoción de formas productivas ineficientes, pretende obligar a comprar carbón nacional aún siendo, en general, peor que el extranjero para el medio ambiente y, sobre todo, no pone en marcha las medidas que permitirían el uso de energía en gran cantidad para resolver los principales problemas relacionados con la generación de residuos.

La proyección internacional de España en materia energética no debe venir de formas de producción subvencionadas, que presentamos fuera de casa como un gran éxito mientras que admitimos en casa que ponen en peligro el sistema, ni de tener precios artificialmente bajos que generan un déficit que lastra al resto de la economía. La proyección del sector energético español en el extranjero debe venir de un modelo libre, dinámico e innovador que permite una energía barata y de calidad que impulse el crecimiento económico, la generación de empleo, el crecimiento salarial y el cambio de modelo productivo.

 

Gabriel Calzada es presidente del Instituto Juan de Mariana

Fuente: Expansion.com

 

 

 

 
 

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