Camilo Varela INSTALACIONES INDUSTRIALES

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LAS PYMES 'DESPISTADAS' PAGARÁN UN 20% MÁS DE LUZ

A partir del 1 de julio, las empresas van a tener que estar más pendientes de la factura de la luz que nunca, sobre todo, si no quieren llegar a abril de 2010 con incremento del 20% sobre el precio que pagan actualmente.

La liberalización del mercado energético, que separará las funciones de distribución y comercialización, obligará a partir del verano a todos aquellos clientes que tengan contratada una potencia superior a 10 kilovatios (kW) a elegir suministrador en función de tarifas no reguladas.

Los que se olviden de comparar proveedores y negociar un nuevo contrato eléctrico, pasarán a tener un precio transitorio –denominado así para que Bruselas no lo considere una tarifa regulada–, que será un 5% superior al actual. A partir de ahí, se aplicarán tres recargos trimestrales hasta alcanzar el 20% en abril del próximo año. Con esta medida, el Ministerio de Industria pretende disuadir a las empresas de continuar con su tarifa actual.

En España, existen 26 millones de clientes de baja tensión, de los que sólo 1,2 millones superan los 10 kW de potencia. De éstos, 700.000 tienen menos de 15 kW, por lo que en la mayoría de los casos se está hablando de que los afectados serán pequeñas y medianas empresas.

Listado

Aun así, para evitar que se llegue a esta situación, Industria ha establecido diversas iniciativas para explicar la liberalización del mercado al consumidor final, que a partir de ahora recibirá en su factura un listado con todos los suministradores disponibles y los números de contacto.

Desde el Ministerio se ha puesto en marcha una oficina de cambio de suministrador, que no está dirigida al cliente, sino a las compañías comercializadoras. En ella, estará disponible una base de datos abierta a todas las compañías con los datos de los clientes.

Hasta ahora, una empresa que quería buscar nuevos clientes para ofrecerles una tarifa competitiva podía acceder a un listado de puntos de suministro, es decir, de un lugar geográfico donde se estaba consumiendo energía. Un representante de la firma comercializadora tenía que desplazarse hasta ese lugar y llevarse la sorpresa de que el propietario de la empresa no está localizable allí, algo muy habitual, por ejemplo, en las explotaciones agrícolas o en plantas automatizadas

Con la nueva propuesta, Industria obliga a las eléctricas a compartir su base de datos con nombres y apellidos, de forma que los nuevos suministradores puedan contactar directamente con los clientes para hacerles ofertas en situación de libre competencia. Los usuarios que no quieran aparecer podrán retirar su nombre del listado llamando al número de atención al cliente que aparezca en su factura de la luz, el mismo al que podrán recurrir para pedir información sobre la nueva normativa o, incluso, gestionar la tramitación del bono social.

Tarifa de último recurso

Más fácil lo tendrán los que tengan contratada una potencia inferior a 10 kW. Quienes quieran buscar ofertas en el mercado podrán hacerlo, pero quienes prefieran seguir como hasta ahora podrán disfrutar de la tarifa de último recurso (TUR), que garantiza el precio mínimo al consumidor. La TUR se revisará inicialmente cada seis meses, aunque Industria prevé revisarla trimestralmente más adelante. Esta tarifa estará disponible en la modalidad normal y en la de discriminación horaria, incentivando el consumo en las horas valle.

Para parados, pensionistas, familias numerosas o clientes con una potencia inferior a 3 kW, existe un bono social, que supone la congelación de la tarifa eléctrica actual hasta el año 2012. Desde Industria, se están intentando establecer diferentes mecanismos para evitar posibles fraudes, como el de aquellos hogares que no tienen instalado en el cuadro eléctrico un ICP que sirve para regular el consumo. En España, todavía hay cerca de un millón de hogares con este tipo de instalación, que les permite mantener una contratación inferior a los 3 kW, pero con un consumo real muy superior.

Otro frente de batalla es el de los parados, que tendrán que presentar un certificado emitido por la comunidad autónoma, para lo que desde el Ministerio se ha remitido una carta a todos los Ejecutivos regionales solicitándoles su colaboración. Además, se prevé realizar acuerdos entre eléctricas y organismos públicos, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), para poder cruzar datos y comprobar que los beneficiarios del bono social residen en el domicilio como primera vivienda

Fuente: Expansion.com

 

 

 

 

 
 

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