Camilo Varela INSTALACIONES INDUSTRIALES

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LEY CONCURSAL: UNA REFORMA IMPRESCINDIBLE

Interesante artículo publicado por Lupicinio Rodríguez e Ínigo Gómez Bilbao en el diario Expansión

 

Pasados cuatro años desde su entrada en vigor, la Ley Concursal se ha visto superada (pese a sus pretensiones de modernidad) por la grave crisis que sufrimos en España y resulta incapaz de atender la enorme casuística empresarial pretendiendo abarcar bajo un único cuerpo todas las situaciones.

Otros países de nuestro entorno cuentan con cuerpos legales más sofisticados que diferencian entre la condición del deudor (persona física, persona jurídica o entidad pública) y el objetivo perseguido por el mismo (la continuidad anticipada, la simple continuidad o la liquidación).

Desde el verano de 2008, se viene instando al Gobierno a modificar ciertos artículos de la Ley Concursal que perjudicaba notable e injustificadamente a las Entidades Financieras y, en consecuencia, a los empresarios. En particular, nos referimos a las acciones de reintegración operadas frente a las operaciones de reestructuración de la deuda o la declaración del concurso personal del empresario avalista.

A nuestro juicio, proceder en este momento a una reforma total podría ser un objetivo demasiado ambicioso; pero si así lo hubiera sido la operada por el Gobierno, nos permitiría, a los profesionales concursales y a los empresarios, resolver las situaciones concursales sin descuidar las garantías para los acreedores y, en lo posible, para otros accionistas.

Evidentemente, la reforma introducida por el Gobierno era imprescindible para el correcto desarrollo de la Ley concursal, pero continúa adoleciendo de múltiples carencias, lagunas y contradicciones que deberían ser enmendadas con celeridad. Convendría que tales enmiendas fueran contrastadas con los operadores jurídicos y económicos para poder hacer frente con las máximas garantías a un periodo largo y variopinto de procedimientos concursales en España.

Concretamente, entendemos que la incorporación del procedimiento abreviado para pequeños deudores insolventes (consumidores) descargaría a la Justicia de un proceso largo y tortuoso. Asimismo, sería de mucha utilidad extender la aplicación del procedimiento abreviado a procesos con pasivo superior al millón de euros (por ejemplo, hasta tres millones), con un número de acreedores limitado o un pasivo muy concentrado en unos pocos acreedores.

Una herramienta que serviría para que el empresario explotara el concurso como ventaja empresarial consistiría en que, en la solicitud de concurso voluntario, no fuera preciso acreditar la insolvencia. Por otro lado, convendría que, si un acreedor desea solicitar el concurso necesario de su deudor, debieran atemperarse o suprimirse los obstáculos a su solicitud así como las costas y daños y perjuicios al solicitante del concurso necesario. El profesor Rojo mantiene esta tesis desde su propuesta de 1996.

Cambiando de tercio, el proceso concursal puede resultar extremadamente caro para el deudor. Creemos que conviene reducir los gastos del procedimiento. Otro asunto controvertido a nuestro juicio es la profesionalización de la administración concursal mediante una formación específica y contrastable. No debería dejarse pasar por alto.

Por su lado, los créditos laborales han salido mal parados en la reforma concursal de 2003, por lo que proponemos ampliar a noventa días anteriores a la declaración de concurso, la ficción legal como créditos contra la masa del art. 84.2.1º, con limitación no del doble sino del triple del salario mínimo interprofesional.

Asimismo, los créditos públicos gozan (como en otros escenarios del ordenamiento jurídico) de un privilegio injustificado, en perjuicio de la par conditio creditorum. Una opción que ha resultado muy apropiada en nuestro entorno consiste en permitir que se respete la libertad de pactos lícitos en el convenio entre el deudor y sus acreedores, tanto cuantitativas (quita) o temporales (espera).

En este sentido, recomendamos anticipar la apertura del convenio (echamos en falta un convenio preventivo desjudicializado al estilo de otros países europeos como Francia) y posibilitar la liquidación anticipada, siempre salvaguardando los intereses de la masa de acreedores.

En definitiva, en estos años hemos podido comprobar la infrautilización del concurso de acreedores, posiblemente por falta de cultura empresarial sobre el uso de la herramienta de gestión del concurso. Creemos firmemente que el concurso no debe ser infamante ni un medio de fraude a los acreedores. Al contrario, es una medida que busca la generación de valor a largo plazo para todos los accionistas, gracias a la supervivencia de la compañía. Es precisa una reforma profunda de la Ley y esta reforma parcial demuestra que, desde el punto de vista concursal, vamos por buen camino.

 

Lupicinio Rodríguez es Socio Director de Eversheds Lupicinio.

Iñigo Gómez Bilbao es Socio Director de Gómez Bilbao Abogados.

 

Fuente: Expansion.com

 

 

 

 

 
 

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